Miha Mazzini es un autor y guionista consolidado en Eslovenia, pero solo ahora, a los 57 años, debuta en el largo con Erased, que se prestrenó internacionalmente en la competición de primeros largos del Black Nights de Tallin. Es un drama sobre una nueva madre que lucha contra la burocracia para conservar a su hijo y su propia identidad.
Cuando Eslovenia se separó de Yugoslavia en 1991, más de 25.000 de sus ciudadanos, nacidos en otras repúblicas del país en desintegración, fueron borrados por el sistema, desapareciendo de los registros estatales. Nuestra protagonista, una profesora llamada Ana (la estrella croata Judita Franković Brdar, que se llevó el premio a mejor actriz en el Festival de Cine Esloveno de Portorož), es una de ellas: nació en Kragujevac, Serbia, y se mudó con sus padres a Eslovenia cuando era niña.
Los "borrados" de Eslovenia
En junio de 1991 Eslovenia proclama su independencia de Belgrado, y poco tiempo después, el 26 de febrero de 1992, el nuevo Estado decidió eliminar, mediante un procedimiento secreto y sin informar a los interesados, del registro de residentes a todos los que no habían solicitado la ciudadanía eslovena en los seis meses posteriores a la independencia. Entre los miles de 'borrados', que a menudo descubrirían por casualidad su nueva situación, había sobre todo serbios, croatas, bosnios, macedonios, gitanos, pero también eslovenos nacidos en el extranjero o en Eslovenia con nacionalidad yugoslava y documentos sin regularizar. La principal consecuencia de su eliminación del registro fue que se convirtieron en residentes ilegales en el país, dictándose contra muchos de ellos órdenes de expulsión que les obligaron a abandonarlo, incluso hacia zonas de guerra como Croacia o Bosnia. Al considerarlos extranjeros o apátridas sin derecho de residencia permanente en Eslovenia, los 'borrados' no podían tener legalmente un empleo, perdían las pensiones, carecían de asistencia médica y, en no pocos casos, dejaban de tener derecho a la educación secundaria.
El tema empezó a sacudir a la opinión pública en 2012, gracias a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el procedimiento conocido como Kuric v. Slovenia, la Gran Sala del TEDH reconoció que los demandantes habían sufrido discriminación y dispuso un plazo de un año para la creación de un plan nacional de indemnizaciones para las víctimas.
Incluso después de la intervención de la corte europea, solo unos pocos, menos de la mitad, recuperaron los derechos perdidos y para entonces, unas 3.000 de las casi 20.000 personas afectadas, ya estaban fallecidas.
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