La Fundación de Estudios Sindicales ha publicado un estudio sobre los andaluces, y los residentes en Andalucía, que fueron juzgados y procesados por el Tribunal de Orden Público, fruto de la investigación realizada por Alfonso Martínez Foronda, Eloísa Baena Luque y Pedro Sánchez Rodrigo.
La Jurisdicción Especial de Orden Publico fue puesta en marcha por la dictadura en 1963 con el objetivo de reprimir a la disidencia política, que a comienzos de esa década experimentaba un aumento exponencial. Más allá del análisis, que se hace, del funcionamiento de este tribunal y la represión que ejerció sobre los andaluces y los residentes en Andalucía, este estudio pretende acercarse a la visión de los procesados que ocuparon el banquillo de los acusados. Quiénes eran, de dónde venían, a qué sectores socio-profesionales pertenecían, qué motivos les habían llevado a la disidencia primero y a la oposición después, cómo se articularon las acciones que les llevaron a ser detenidos y procesados o qué consecuencias tuvo todo aquello para sus vidas y las de sus familias, son algunos de los interrogantes sobre los que pretende arrojar luz este libro, que pretende ser un nuevo avance en el conocimiento del antifranquismo andaluz y de su acción opositora.
De la contraportada del libro:
«La judicatura es, posiblemente, uno de los pilares del franquismo menos conocido y, dentro de ella, las denominadas jurisdicciones especiales, instrumentos del poder para reprimir la disidencia política. Una de ellas fue, precisamente, la Jurisdicción Especial de Orden Público, integrada por el Juzgado de Orden Público (JOP) y el Tribunal de Orden Público (TOP) que, desde que fue creado en diciembre de 1963, hasta su extinción en enero de 1977, se encargó de reprimir todos aquellos derechos que, en los países libres, se consideraban fundamentales. La Dictadura, a través de las jurisdicciones especiales que fue creando, militarizó el orden público y transitó desde un estado de guerra a un estado de excepción permanente.
Casi nueve mil antifranquitas fueron condenados por el TOP a casi doce mil años de cárcel. En Andalucía ochocientos antifanquistas acumularon casi mil años de cárcel y cuantiosas multas, a los que hay que sumar otro medio millar de emigrantes andaluces que, en sus lugares de origen, engrosaron la resistencia antifranquista y padecieron los rigores de ese tribunal.
Quienes pasaron por el TOP tienen un calificativo común para definirlo: pantomima. Y, porque para quienes pasaron por las Salesas ése fue un instrumento más de la dictadura cuyo fin no era impartir justicia, sino condenarlos por el delito de luchar por la conquista de las libertades democráticas en España».
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