Por P.C. de Valonia-Bruselas
A pocos días del 50 aniversario de la independencia del Congo, el debate sobre la responsabilidad belga en la eliminación de Patrice Emery Lumumba todavía no está definitivamente cerrado. En efecto, la familia del Primer Ministro congoleño, apoyada por la Liga belga de Derechos humanos y el historiador Ludo De Witte, anunció la próxima presentación de una denuncia penal contra doce policías, militares y funcionarios belgas, acusados de estar implicados en su secuestro y asesinato, el 17 de enero de 1961, lo que constituiría un crimen de guerra, imprescriptible según la legislación belga.
Recordemos que, en 2002, una comisión parlamentaria se limitó a reconocer la “responsabilidad moral” del gobierno belga de aquel momento en el asesinato, lo que implicaba excusas oficiales al gobierno congoleño. Pero ninguna responsabilidad individual fue planteada., mientras, muchos historiadores sospechan que las órdenes provenientes de Bruselas, o de Laeken, habrían podido ser determinantes en el asesinato que se cometió en Katanga.
Cincuenta años después, desgraciadamente, es necesario reconocer que la Republica Democrática del Congo (RDC) está lejos de haber salido de la encrucijada y haber llegado a ser la tierra de prosperidad y de libertad soñada por Lumumba. Lo prueba, por ejemplo, el asesinato, el pasado 1º de junio, de Floribert Chebeya, director de la asociación “La voz de los sin voz” (VSV), asesinado en la dirección general de la policía de Kinshasa, cuando había sido convocado por su jefe, el general John Numbi, miembro del primer círculo del entorno presidencial. La justicia belga deberá por otra parte también tratar este último caso, ya que VSV unos días más tarde presentó una denuncia contra él y otros dos responsables de la policía. En efecto, Chebeya investigaba, y éste podría ser el móvil del asesinato, la represión especialmente violenta ejercida por la policía contra los partidarios del movimiento político-religioso Bundu dia Kongo en 2008 en el Bas Congo.
En el este del país, tras cinco años de guerra y ocupación ruando-ugandesa, alentada por varios países occidentales, una inseguridad extrema amenaza las poblaciones en las ciudades y en el campo, fundamentalmente debida a un ejército brutal, compuesto por diversas facciones que llevan combatiéndose mucho tiempo y poniéndose de acuerdo para vivir a expensas de la población, mientras explotan el oro y el coltán extraídos del subsuelo.
A pesar de la breve esperanza personificada por Laurent Désiré Kabila, el padre del actual presidente, asesinado el 16 de enero de 2001, el hijo parece haber optado por la vuelta a los métodos mobutistas. Las multinacionales occidentales han recibido carta blanca, aunque el negocio esté abierto a la competencia china, para el saqueo de los fabulosos recursos minerales y forestales de la RDC, con tal que las generosas prebendas rebosen los bolsillos del Presidente y sus allegados. En todo este tiempo, la inmensa mayoría de los congoleños vive en la miseria, privados prácticamente de todo tipo de servicio público por un Estado que ha reducido sus propias prerrogativas a la extorsión y a la represión.
Decididamente, cincuenta años no han bastado para superar el asesinato de Lumumba y permitir a la población congoleña conquistar una independencia real. Por estas razones, el PC apoya los esfuerzos de búsqueda de la justicia y de la verdad histórica manifestados por la familia del Primer Ministro asesinado y espera que estos conduzcan a hacer la máxima luz posible sobre el sabotaje a la independencia organizado por la antigua potencia colonial.
Fuente: L´Humanité
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