PROPUESTAS ELECTORALES DE IZQUIERDA UNIDA PARA LAS ELECCIONES 2011
Sin libre acceso a la cultura y a los medios de comunicación, el ser humano no es ni será libre. Una ciudadanía sin cultura es fácilmente manipulable.
Las grandes corporaciones tienen la llave de los modernos medios de comunicación y son también los dueños del ciberespacio. Por ello es esencial garantizar el pluralismo y el libre acceso a la cultura como garantía de la igualdad de oportunidades.
El proceso de “globalización” impone su hegemonía cultural. La cultura es la segunda actividad económica en EEUU después del armamento y se ha consolidado como la materia de estrategia económica e ideológica de primer orden. La mejor forma de hacer frente a ese “imperialismo cultural e ideológico” es potenciando la base creadora y la divulgación de las obras de nuestro entorno cultural, fortaleciendo la protección de los creadores y facilitando al máximo que la ciudadanía se eduque y disfrute de las obras que portan nuevos valores.
La cultura es el cimiento de una sociedad libre y por ello desde Izquierda Unida consideramos fundamental promover enérgicamente la creación, así como la difusión del conocimiento y de la cultura para que lleguen al conjunto de la población y cumplan así su labor emancipadora.
En este sentido y dado que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en especial Internet, son hoy un elemento esencial para esa difusión, nos situamos expresamente fuera de la falsa e interesada guerra entre “creadores” e “internautas”. Quienes defendemos una cultura libre, democrática, popular y crítica necesitamos colocar en la misma trinchera a los creadores e investigadores y a quienes van a disfrutar de su trabajo. Aunque parezca una obviedad, cabe recordar que para que pueda haber la máxima distribución de cultura tiene que poderse crear contenidos culturales (libros, películas, teatro, música...) en condiciones de plena dignidad. Y para que la cultura cumpla su esencial función social es muy positivo que tenga la máxima difusión sin que el acceso a ellas esté limitado por brechas económicas o sociológicas.
1. CULTURA EN LIBERTAD Y DIVERSDAD
Desde IU reclamamos más tiempo de ocio y una cultura de acceso gratuito; una comunicación entendida como “servicio público” y el acceso efectivo a una información libre y plural. Frente a una política oficial de escaparate cultural, de exhibición de la cultura, de privatización del patrimonio arquitectónico y cultural; frente a la complacencia ante la penetración norteamericana en la industria y el comercio musical y audiovisual, la colonización de la programación televisiva y el deterioro de la televisión pública, contaminada por la “telebasura”, IU se compromete a desarrollar una cultura de cambio, creativa, moderna, descentralizada y participativa; una cultura de paz y solidaridad, defensora de la diversidad cultural en un entorno respetuoso con las diferencias. Una cultura basada en el patrimonio del pasado, la memoria histórica y el conocimiento en la sociedad de la información. Y a promover una política de Libertad de Expresión y Creación sin censuras y mediante una política de libre acceso de toda la ciudadanía a los bienes culturales.
Por ello proponemos:
• Avanzar en la transparencia pública de los criterios empleados para la política de subvenciones, adquisición y contrataciones.
• Programa de apoyo a la diversidad cultural, con dotación presupuestaria específica.
• Promover el conocimiento e intercambio de las diversas lenguas y culturas de los pueblos de España entre todos sus habitantes, y regular el uso de las lenguas oficiales en las instituciones públicas estatales.
• Poner a disposición del público nuestro rico patrimonio cultural, que incluya desde los planes de rehabilitación, hasta una legislación que frene la especulación, los usos que deterioren el patrimonio y el expolio del mismo, aplicando una política policial y penal contra el comercio ilegal y la destrucción de nuestro patrimonio cultural, artístico y arquitectónico.
• Potenciar la creación y la investigación artística, científica y técnica, dedicando mayores recursos y estableciendo una relación no “clientelar” entre los poderes públicos y los creadores e investigadores. Las subvenciones públicas no deben aplicarse en función de los resultados comerciales.
• Crear espacios articuladores de los distintos movimientos culturales. Desarrollar políticas sectoriales de apoyo a la música, la danza, la pintura, la escultura, los museos, las salas de exposiciones, el teatro, el cine, los contenidos audiovisuales, el circo, todo tipo de deportes y los espacios públicos de ocio y entretenimiento.
• Reforzar la red de teatros y su cooperación estatal e internacional. Apoyo fiscal a los Cafés musicales. Potenciar la creatividad, producción y actuación de los cantautores abriendo nuevos espacios en el circuito de la cultura, de los municipios y en los medios audiovisuales de comunicación.
• Llevar a cabo una campaña continuada de fomento de la lectura. Desarrollar una red de bibliotecas y mediatecas públicas.
• Crear una Mediateca pública estatal modelo de archivo integral de la cultura, de consulta libre, descentralizada y gratuita.
• Acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio arquitectónico y cultural; a las mediatecas y bibliotecas públicas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas y mediatecas.
• Frente a la precariedad laboral del sector del Espectáculo, proponer a los sindicatos representativos de los trabajadores la negociación de un Convenio Marco para promover el pleno empleo, hacia una jornada semanal máxima de 35 horas. Estatuto laboral y fiscal del creador y del actor y artista, mejorando sus derechos sociales, condiciones de vida y de trabajo.
• Apoyo al cine español y otras obras audiovisuales: frente a la invasión de producciones norteamericanas, defender y potenciar la excepción cultural europea. Proteger y promover las culturas nacionales del país con medidas económicas, fiscales y políticas, potenciando la creación propia de contenidos para los medios de comunicación, cine y televisión, fijando cuotas mínimas de pantalla y garantizando el apoyo de TVE al cine español y europeo.
2. CERRAR LA BRECHA DIGITAL
Hoy la red ofrece instrumentos fundamentales para la cultura y en general para la ciudadanía. Las movilizaciones sociales fomentadas en internet entre otras razones hacen que la brecha digital suponga una quiebra social que excluye a sectores importantes de la sociedad de una parte importante de su ciudadanía. Situamos esa brecha en torno a cuatro ejes: brecha de clase social (la renta condiciona el acceso a las tecnologías), de género (la red sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino y el analfabetismo digital afecta más a la mujer), de edad y la brecha entre la ciudad y el mundo rural.
Por ello, del mismo modo que la II República puso en marcha las misiones pedagógicas para atajar el analfabetismo, hoy nuestra propuesta es poner en marcha misiones cibernéticas que tengan como fin romper la brecha digital en esos cuatro ejes para extender lo que hoy es una condición necesaria del pleno ejercicio de ciudadanía.
3. POR UN NUEVO MODELO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR LA LIBRE DISTRIBUCIÓN DE LA CULTURA
Vivimos en una época en la que los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. En algunos aspectos, también han democratizado el acceso a los medios de producción, provocando que en muchas profesiones (especialmente en los mundos editorial, audiovisual y musical) el trabajador, creador o artista tenga a su disposición medios a los que antes solo tenían acceso grandes empresarios.
Por otra parte, este avance ha hecho que entre en crisis irreversible el modelo de industria clásico en muchos campos. Estos se basaban en la necesidad de un soporte físico para transmitir obras e ideas, así como la necesidad de crear una red de distribución para que esos llegaran al consumidor/ciudadano. Fue bonito mientras duró. Se ha acabado. Internet ha convertido este modelo en obsoleto. Básicamente, se ha eliminado a los intermediarios (editores y distribuidores) y se está facilitando el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra.
• Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda las artes entre todos los niveles de la población, pero muy especialmente entre los colectivos y territorios menos favorecidos económica y socialmente.
• Proponemos cambiar profundamente el modelo vigente de propiedad intelectual pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional y dificulta el acceso al conocimiento.
• En este sentido creemos que la vigente Ley de Propiedad Intelectual queda desubicada y obsoleta por dos razones fundamentales:
• La actual ley reconoce cuáles son los derechos de los autores y deja en manos de entidades privadas la recaudación de los mismos. En la práctica hay un oligopolio de facto en el que solo unas pocas empresas tienen capacidad para recaudar eficientemente estos derechos (SGAE y CEDRO). Esta situación privilegiada hace que sean ellas las que deciden las reglas del juego. No hay funcionamiento democrático ni transparente en estas empresas y su naturaleza privada les obliga a tener como objetivo principal el buscar el máximo beneficio económico, por encima del interés y la voluntad de unos autores la mayoría de los cuales ni siquiera llega a ver el dinero de los derechos que se han recaudado en su nombre.
• Los derechos de autor que marca la ley tienen la naturaleza y el carácter de irrenunciables. Hoy en día muchos autores abogan por la libre distribución de sus obras gracias a Internet y las TIC, puesto que consideran que es la mejor forma de que su obra y sus ideas lleguen a su público. Se han construido movimientos sociales como el Software Libre y alternativas legales como las licencias Creative Commons que buscan la colaboración comunitaria y la libre circulación de obras y ideas como forma de que ganen autores y consumidores. Los únicos que no ganan en esta situación son los obsoletos intermediarios. Pero la irrenunciabilidad de los derechos provoca que sean las entidades de gestión de derechos las que tomen decisiones sobre la obra de un autor: los organizadores de conciertos benéficos ven como la SGAE le exige el pago de los derechos de autor del músico que vaya a actuar aunque este actúe de manera. Los gestores de centros culturales ven como se les pretende cobrar por artistas que son activistas de Creative Commons y otras licencias de distribución libres, etc.
• Se utiliza al creador como escudo humano de los intereses de estas empresas que han quedado obsoletas. El interés del autor siempre fue y siempre es el de llegar a su público, no el de ser parte de una industria y una red de distribución
Por todo ello, partiendo de que queremos un sistema que proteja los derechos de los autores y autoras, que son quienes crean obras de música, literatura, cine, teatro, artes plásticas, etc., pero que, al mismo tiempo, de las mayores facilidades posibles para que esas obras puedan llegar a la ciudadanía, consideramos que IU debe:
1. Impulsar la derogación de la actual Ley de Propiedad Intelectual y elaboración, de manera participativa con todos los actores implicados, de una nueva ley que:
- Derogue el actual modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas. Creación de una entidad pública de Gestión, con presencia en todo el Estado, cuyo objetivo sea el de dar el servicio adecuado y no el lucro.
- Asegure la adecuada contribución de los operadores de telecomunicaciones y de las industrias de Tecnologías de la Información a la justa remuneración de los creadores, para que esta no se base en un sistema como el canon digital que penaliza indiscriminadamente a los ciudadanos independientemente del uso que estos den a soportes y dispositivos digitales y electrónicos.
- Reconozca las alternativas al “copyright” tradicional, como las licencias Creative Commons, y deje en manos del autor la cantidad de derechos sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor de renunciar a estos derechos.
2. Garantizar la libertad y la neutralidad de la red frente a los intentos del lobby de la SGAE y sus aliados políticos por coartarlas. En este sentido se exige la derogación de la llamada “Ley Sinde”.
3. Favorecer la difusión de libro electrónico, reduciendo su precio y favoreciendo que se digitalicen las obras literarias y científicas que sean de dominio público. En este sentido las Administraciones Públicas deberán apoyar iniciativas similares al Proyecto Gutenberg con obras escritas en todas las lenguas oficiales del Estado y las editoriales hacer lo propio con obras descatalogadas.
4. Apoyo de IU al movimiento del Software Libre (open source). Establecer como obligatorio el uso de software libre (en su mayoría gratuito) en todos los ordenadores y medios informáticos oficiales en todas las Administraciones Públicas. Urge la presencia obligada de software libre en todos los ordenadores y medios de uso escolar: no queremos que se eduque a nuestros escolares para ser clientes de Microsoft o Apple, ni nos parece de recibo que se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance. Impulsar una oposición total del Estado Español, en la Unión Europea, a los intentos por impulsar patentes de software cerradas: favorecen el mantenimiento de los monopolios e impiden el compartir los beneficios de la investigación.
5. Proponemos la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 para garantizar el acceso a Internet como un derecho de toda la ciudadanía, derogando asimismo la exclusividad de las empresas privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso a internet, facilitando la creación de empresas públicas (por ejemplo de carácter municipal que faciliten el acceso inalámbrico a la red a sus vecinos y vecinas).
6. Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Reconocimiento en la nueva ley de los medios del tercer sector (como las radios libres y comunitarias).
4. UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEMOCRÁTICA, SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA
Nuestros esfuerzos se van a centrar en potenciar las posibilidades de las TIC como herramienta de progreso social. Debemos evitar la indeseada “brecha digital”, trabajar por el acceso universal al potencial comunicativo de las TIC, rechazar las restricciones a su libertad, luchar frente a los intentos de monopolización por parte de las grandes corporaciones y promover la neutralidad en toda la red.
Desde Izquierda Unida defendemos firmemente el derecho a la libre expresión: tanto para producir y comunicar información y conocimiento, como para recibirla y procesarla, en todo lo cual las TIC juegan hoy un papel determinante. Además, pretendemos utilizar la libre expresión para crear nueva información y conocimiento.
Por este motivo IU trabaja para que nuestro país esté a la vanguardia en los campos de la universalización del uso de la informática, Internet y el resto de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Queremos democratizar el acceso a la información y al conocimiento.
Partimos de los siguientes fundamentos:
• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un factor de gran relevancia en casi todos los campos de nuestras sociedades contemporáneas, incluidos el político y el personal, como demuestran las recientes revueltas populares en el mundo árabe o movimientos como el 15-M, en cuyo éxito han tenido un importante papel redes sociales como Facebook y Twitter.
• A pesar de la importancia de las TIC, en Izquierda Unida somos conscientes de que éstas no son un fin en sí mismas, sino solamente una herramienta, si bien de gran importancia, que, utilizada adecuadamente, permite avanzar hacia un nivel cada vez alto de democracia política, social y económica.
• Las circunstancias socio-económicas y de clase influyen decisivamente en la difusión de las TIC, de modo que a las desigualdades tradicionales creadas por el sistema capitalista vigente se añade la de un desigual acceso a la información y al conocimiento por parte de las capas sociales más desfavorecidas.
A partir de los citados fundamentos definimos nuestros objetivos
• Frente a la mercantilización de la información y del conocimiento, Izquierda Unida promueve la democratización del acceso a la información y al conocimiento.
• Frente a una visión neoliberal del uso de la Informática y de las Telecomunicaciones que deja en manos del mercado el crecimiento y la expansión de su difusión, Izquierda Unida defiende la universalización del uso de los ordenadores y de Internet mediante políticas públicas dirigidas fundamentalmente a los ciudadanos, territorios y capas sociales más desfavorecidos.
• Frente a una visión dirigista del progreso basada únicamente la acción unilateral de las Administraciones Públicas, Izquierda Unida defiende la participación de los ciudadanos en la definición e implantación de las políticas de desarrollo tecnológico, a través de las organizaciones que vertebran la sociedad.
NUESTRAS PROPUESTAS
7. Definir el acceso a Internet como Derecho Universal y Gratuito para el conjunto de los ciudadanos dado el desarrollo de las redes y su importancia para el avance de la Sociedad de la Información
8. La gratuidad de dicho servicio incluirá hasta la velocidad de 10 Megabits, ampliables a medida de la mejora tecnológica.
9. La implantación de Servicio Universal Gratuito se llevará a cabo priorizando los territorios y capas sociales más desfavorecidos e incluirá una ayuda integral para la incorporación a la Sociedad de Información que consistirá, además de en el citado acceso gratuito a Internet, en créditos a largo plazo sin intereses para la adquisición de ordenador y cursos gratuitos de Informática e Internet, medidas sin las cuales el mero acceso a Internet sería perfectamente inútil.
10. Reducción de las tarifas de telecomunicaciones que son casi un 30% superiores a los de los países de la OECD, con lo que se penaliza gravemente a ciudadanos, familias, autónomos y pequeñas empresas. El objetivo sería que se colocasen en la media de los países pertenecientes a dicha organización.
11. Creación de una red de aulas de libre acceso con plena conectividad en todos los municipios, especialmente en las áreas rurales, y de un parque informático con acceso a Internet adecuado a las necesidades de los centros escolares de todos los niveles, con un objetivo de dos alumnos por ordenador y un horario de acceso más amplio que el escolar.
12. Impulso de una política de formación con el objetivo de conseguir la plena alfabetización digital, atendiendo especialmente las necesidades de los colectivos más excluidos y los tradicionalmente alejados de las nuevas tecnologías. Se impulsará también la plena accesibilidad a los servicios de información pública a través de la red de las personas con discapacidad y necesidades especiales.
13. Fomento del Software Libre, estableciendo el uso preferente de programas de código abierto (open source) en las Administraciones Públicas, superando situaciones monopolistas de dependencia tecnológica.
14. Digitalización de los fondos culturales e históricos de las administraciones y su puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web, permitiendo además la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales. La publicación de estos fondos se realizará mediante licencias libres y forma-tos abiertos que aseguren una difusión de los mismos sin las restricciones que impone el actual modelo de propiedad intelectual.
15. Promoción de procedimientos electrónicos de gestión que permitan simplificar y optimizar tiempos y costes, así como la participación interactiva en la toma de decisiones políticas, fomentando la ciudadanía activa dispuesta a hacerlo y desarrollando los medios técnicos de software existentes (como el programa “participa 1.0”).
16. Impulso de la firma digital para acceder a estos servicios con plenas garantías.
17. Garantizar la protección de los ciudadanos y las ciudadanas frente a las empresas que actúan en la prestación de los servicios de conectividad y comunicación, ya sea en el software, teléfono móvil, internet o hardware, incluso más allá de los derechos que tienen como consumidores.
18. No penalizar el libre intercambio de archivos, de acuerdo con la actual doctrina jurisdiccional, y apoyo al derecho a la copia.
19. Oponerse a la implantación de las patentes de software, por favorecer a las grandes corporaciones y a los grandes bufetes multinacionales, causando, un perjuicio al movimiento de software libre, tanto a los programadores individuales como a las pequeñas empresas que producen este tipo de programas.
20. Propuesta para la libertad digital, utilización en los servicios públicos del software libre, migración progresiva de las administraciones hacia el software libre, evitando pagar licencias a las grandes corporaciones.
5. POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y DEMOCRÁTICOS
La democratización de los medios de comunicación es la otra cara de la reforma de la ley electoral como condiciones imprescindibles para una auténtica democracia.
La impunidad de los negocios audiovisuales, la reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales impiden el acceso de los ciudadanos a las propuestas de IU. Al marginarnos en los canales mayoritarios de información se nos impide la participación en igualdad de condiciones lo que reduce nuestra repercusión social mientras la ley electoral convierte los votos que recaudamos en menos escaños de los que nos corresponderían con una proporcionalidad de verdad democrática.
La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual establece en palabras lo que no garantiza con los hechos. Formalmente asume la democratización que se está desarrollando en América Latina al anunciar un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales. Pero en la práctica reduce el servicio público, bloquea las iniciativas sociales y concede absoluta impunidad a las grandes empresas comerciales. La ley limita el espacio del servicio público a un 30% de la cobertura estatal, aumenta la precariedad de la radiotelevisión autonómica al hacerla depender de una disposición transitoria que el PP pretende eliminar, encierra las iniciativas sociales en el ámbito municipal con un reglamento que impone tremendas limitaciones para su difusión y concede una absoluta impunidad a los negocios audiovisuales en el 70% de la difusión general.
IU propone:
• Que la ley general de la comunicación audiovisual garantice de verdad el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.
• Que se establezca un modelo definitivo de financiación para rtve con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con ciudadanos bien informados.
• Mantenimiento y blindaje del carácter público del espacio radioeléctrico.
• Que la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos.
• Que se aplique el derecho de acceso (bloqueado durante treinta años) en todas las radios y televisiones de titularidad pública como un mandato constitucional que obliga al reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales.
• Que se abra un debate público sobre el proyecto de decreto con el que se pretende imponer un reglamento que impide el desarrollo de las iniciativas sociales en la radio y la televisión.
• Que se constituya inmediatamente el consejo estatal de medios audiovisuales (cema) al que la ley general de la comunicación audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento sobre los medios facilite que los ciudadanos los utilicen para controlar al poder económico y político.
• Que se garantice la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.
• Un marco jurídico, con rango de ley, como la forma de garantizar de forma efectiva el respeto y ejercicio efectivo de los derechos del artículo 20 de la constitución, puestos en peligro, por la fuerte situación de concentración empresarial en el sector de medios de comunicación a la que acompaña la terrible precariedad de las relaciones laborales en las empresas informativas y la fragilidad del conjunto de la profesión periodística.
• Constituir en el seno de las empresas informativas órganos de participación y para la consulta e interlocución entre las profesionales de la información y las empresas, para todo lo referido a los contenidos informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones en las redacciones y su gestión.
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